En materia de Derecho del Consumo, hemos asumido la representación de consumidores por infracciones a la Ley de Protección del Consumidor, requiriendo la nulidad de cláusulas abusivas, el cese de actos infraccionales y pidiendo las correspondientes indemnizaciones de perjuicios.

Asimismo, hemos asumido la representación de entidades bancarias en acciones seguidas en contra de ellas, de conformidad a las reglas del procedimiento especial para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores que contempla la Ley 19.496.

Actuamos de manera recurrente ante tribunales arbitrales, tanto ante árbitros designados por los tribunales ordinarios, como ante árbitros institucionales, de conformidad a las reglas de arbitraje doméstico. También hemos asumido la representación de clientes en procedimientos tramitados conforme a la Ley de Arbitraje Comercial Internacional (Ley N° 19.971). Además, nuestro socio Felipe Leiva fue miembro del cuerpo de Árbitros Jóvenes del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (AJCAM) y, desde el año 2021, forma parte la Nómina General de Árbitros de tal institución.

Prestamos asesoría y representación en investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Nacional Económica, así como en medidas prejudiciales y casos contenciosos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema. En conexión con lo anterior, hemos asesorado y representado con éxito a clientes de sectores regulados y no regulados y en sus diferentes facetas, esto es, como parte investigada o demandada, solicitante o demandante, o bien como parte interesada.

Asimismo, hemos asesorado y representado a clientes en casos de competencia desleal, algunos de los cuales han involucrado conflictos entre agentes de mercado a nivel regional o nacional pertenecientes a multinacionales extranjeras.

Hemos representado tanto a mandantes como a empresas contratistas en controversias vinculadas a contratos de construcción tipo DBB y a contratos EPC, tanto bajo la modalidad de suma alzada como a serie de precios unitarios. Ya sea a propósito de la construcción de bodegas vitivinícolas o de grandes obras de ingeniería destinadas a la minería, en esta área hemos intervenido, entre otros, en casos vinculados a defectos constructivos, defectos de ingeniería y arquitectura, atrasos en la ejecución de las obras, atrasos concurrentes y vicios ocultos del suelo.

Para estos efectos, formamos equipos multidisciplinarios con profesionales técnicos cuando ello es requerido, y estamos preparados para procesar altos volúmenes de información y documentos.

Tenemos experiencia en procedimientos sancionatorios llevados a cabo por la ex Superintendencia de Valores y Seguros (hoy CMF) por uso de información privilegiada, uso indebido de custodia, manipulación de precios de acciones y valores, e infracciones a las leyes de Mercado de Valores y Sociedades Anónimas. Asimismo, hemos actuado representando a particulares frente a sanciones impuestas por la ex SVS, a través de acciones de reclamación de multa y de ilegalidad.

Hemos participado en diversos procedimientos contenciosos contra la Administración, ejerciendo reclamaciones de ilegalidad de actos administrativos, reclamaciones de multa, y acciones de invalidación o nulidad de los actos administrativos ante el mismo órgano o servicio que lo dictó, o bien ante los Tribunales Ordinarios mediante acciones de nulidad de Derecho Público. Asimismo, hemos actuado ante la Contraloría General de la República, solicitando la declaración de ilegalidad de actuaciones de Órganos del Estado. Contamos con gran experiencia, además, en acciones de responsabilidad del Estado por falta de servicio.

Asimismo, hemos prestado asesoría a Municipalidades y a órganos fiscalizadores, para la adecuada substanciación de procedimientos de invalidación de actos administrativos en materia de concesiones, así como para la tramitación de procedimientos sancionatorios, respectivamente.

En distintas oportunidades, nos hemos vinculado a las áreas de Corporate Affairs de nuestros clientes, a efectos de desarrollar estrategias de relacionamiento comunitario, que permitan prevenir eventuales conflictos con Comunidades Indígenas. Asimismo, en calidad de terceros, hemos participado en procedimientos judiciales especiales consagrados en la Ley N° 19.253 (que Establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y Crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), a efectos de colaborar en la protección de los derechos de comunidades indígenas que han celebrado actos o contratos con nuestros clientes.